Resulta llamativa la forma en que los españoles hablan hoy en día sobre la vivienda. Lo hacen con la resignación de quien ha normalizado una situación que hasta hace poco habría parecido absurda, en lugar de con el optimismo de quien espera una mejora. Comprar un piso se ha vuelto sencillamente inasequible para una parte importante de la población. Simplemente es que las cuentas no cuadran; no se trata de falta de esfuerzo o determinación.
Aunque los datos son bien conocidos, no dejan de sorprender. En España, el coste medio por metro cuadrado supera actualmente los 2.100 euros. Esa cifra se dispara hasta situarse entre los 3.500 y los 4.000 euros en Madrid y las Islas Baleares. En Baleares, una vivienda de 90 metros cuadrados cuesta unos 480.000 euros, mientras que en Madrid ronda los 431.000. Una familia en las islas necesitaría ahorrar unos 144.000 euros solo para reunir la entrada —ese 30% del importe total que los bancos exigen por adelantado antes de aprobar una hipoteca—. Para una sola persona, eso equivale a catorce años de ahorro, siempre y cuando tenga suerte, sea disciplinada y nada salga mal.
Mientras tanto, los salarios aumentan, pero no a ese ritmo. Los datos más recientes indican que los sueldos subieron alrededor de un 3,5% tan solo en 2025, mientras que los precios de la vivienda lo hicieron un 12,7%. Aunque esta brecha no es nueva, sigue ampliándose. El coste de la vivienda para una familia española ha aumentado casi un 89% desde 1980; en cambio, ese mismo indicador apenas varió un 10% en la eurozona. Es inevitable preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí.
La historia reciente ofrece parte de la explicación. Tras su ingreso en la Comunidad Europea en 1986, los precios de la vivienda en España alcanzaron rápidamente los niveles del resto de Europa, pero los salarios no siguieron el mismo camino. Durante muchos años, las hipotecas a cuarenta años y los tipos de interés extremadamente bajos sirvieron de amortiguador: a pesar del elevado coste de la vivienda, las cuotas hipotecarias resultaban razonables. Sin embargo, aquella red de seguridad financiera tenía fecha de caducidad, y esta llegó a su fin. Las condiciones cambiaron, los tipos de interés subieron y el problema de fondo quedó al descubierto.
La burbuja de 2008 no ayudó. Más de un millón de empleos en la construcción desaparecieron cuando esta estalló. El sector tardó años en recuperarse por completo y, en cierto modo, aún no lo ha logrado. En España, la vivienda social representa apenas el 1,5 % del parque total de viviendas, frente al 7 % de media en la UE. Se ha dejado que el libre mercado cubra ese vacío a su propio ritmo y bajo sus propias reglas, ya que el Estado se ha mantenido, en gran medida, al margen.
El Banco de España estima que el déficit actual ronda las 750.000 viviendas. Esta cifra —que no es abstracta— refleja la diferencia entre la oferta habitacional existente y la necesaria para alojar a quienes la requieren. Dicho déficit obedece a varios factores: la concentración de suelo edificable en manos de unos pocos tras la crisis, los trámites burocráticos que pueden prolongarse durante años para transformar un terreno en un edificio de apartamentos y la oposición de ciertos vecindarios a nuevos proyectos urbanísticos en sus barrios.
También intervienen los fondos de inversión; tras acumular activos inmobiliarios durante la última década, ahora los venden en bloque, retirando bruscamente miles de propiedades del mercado del alquiler.
Existen zonas donde la situación está controlada. Una misma vivienda de 90 metros cuadrados suele costar entre 97.000 y 100.000 euros en Extremadura y Castilla-La Mancha. Con algo de esfuerzo, una familia con dos sueldos puede permitirse comprar una casa en un plazo razonable. Sin embargo, estas zonas no son Madrid, Barcelona ni Málaga: ciudades que concentran el empleo y las oportunidades, pero que también sufren una presión sin precedentes sobre el mercado de la vivienda. Además, nadie debería verse obligado a elegir entre vivir donde ha construido su vida y vivir donde realmente puede permitírselo.
La Constitución española de 1978 reconoce el derecho a una vivienda digna. Programas electorales, discursos y debates hacen referencia al artículo 47. No obstante, la brecha entre lo que dicta el papel y la realidad que vive una pareja joven al buscar piso en cualquier ciudad mediana del país ya no es solo económica; tiene también una dimensión moral y política. El efecto acumulativo de las decisiones tomadas —y de muchas otras que nunca se tomaron— es la razón por la que conseguir una vivienda en España requiere nueve veces más trabajo que en el resto de Europa.
