Más de setecientos agentes de la Guardia Civil, que rara vez aparecen en fotografías, trabajan en un edificio de Madrid. No ofrecen ruedas de prensa ni conceden entrevistas. Sin embargo, sus informes cambian a menudo el desenlace de los casos más importantes del sistema judicial español cuando llegan a manos de un juez. Se trata, en esencia, de la Unidad Central Operativa (UCO), la rama de élite de la Policía Judicial de la Guardia Civil creada en 1987, que lleva casi cuarenta años persiguiendo objetivos que el sistema convencional es incapaz de alcanzar.
Su creación respondió a una realidad evidente: el crimen organizado no respeta los límites provinciales, y muchos de los delitos más graves del país requerían una unidad con los medios, la autoridad y el alcance necesarios para investigarlos sin verse condicionada por las fronteras territoriales de los mandos locales. Desde entonces, la UCO se ha hecho cargo de los casos más complejos, incluidos aquellos relacionados con el narcotráfico internacional, delitos que afectan a varias comunidades autónomas y tramas de corrupción política y malversación de fondos públicos. También ha abordado homicidios sin resolver que exigían mayores recursos y un nuevo enfoque.
La lista de sus principales operaciones permite hacerse una idea de su verdadera relevancia en la historia reciente de España. Entre ellas figuran la investigación de los crímenes de Alcàsser en 1992, el desmantelamiento de la trama Gürtel en 2009, la Operación Púnica en 2014, la Operación Lezo (relativa al Canal de Isabel II) en 2017, el caso Diana Quer y el asesinato del joven Gabriel Cruz en 2018.
Asimismo, ha desempeñado un papel clave en la reciente investigación por corrupción que afecta al exministro de Transportes José Luis Ábalos, conocida como Operación Delorme. No es exagerado afirmar que la UCO ha sido fundamental en las investigaciones de casi todos los grandes escándalos judiciales que han llegado a los tribunales en los últimos treinta años.
Al analizar su actividad reciente, destaca la variedad de frentes que aborda simultáneamente. Recientemente, sus agentes registraron la sede de ADIF para recabar información sobre contratos bajo sospecha en el marco del «caso Koldo». Mientras tanto, otro equipo envió al juez Vilaplana un informe de 231 páginas que detallaba irregularidades en la contratación dentro de la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
Dicho informe, sumamente minucioso, explicaba cómo se exigía a una candidata dominar el italiano para un puesto sin relación alguna con ese idioma, simplemente por haber participado en un programa de intercambio Erasmus en Florencia. Los informes de investigación de la UCO resultan especialmente difíciles de refutar en los tribunales precisamente por este nivel de detalle.
Paralelamente, la unidad creó un grupo específico de analistas marítimos —conocido internamente como «los ojos del Atlántico»— para vigilar las rutas de narcotráfico que atraviesan las islas Canarias. Esta medida responde a una realidad geográfica que los grupos criminales llevan años aprovechando al utilizar el Atlántico como vía de tránsito. La creación de este equipo demuestra que la UCO busca adelantarse a los acontecimientos en lugar de limitarse a reaccionar ante ellos.
En este contexto, también existía cierta tensión política en torno a la propia unidad. Había dudas sobre si el coronel Antonio Balas, responsable de supervisar las investigaciones de corrupción que afectaban al PSOE, continuaría al frente de dichos casos tras su reciente ascenso. Finalmente, el Ministerio del Interior decidió no convocar el puesto que Balas dejaba vacante, permitiéndole así seguir supervisando las investigaciones desde su nuevo cargo. Aunque el Ministerio presentó la decisión como una cuestión meramente organizativa, otros medios la interpretaron bajo una óptica política; es posible que ambas perspectivas tengan parte de razón.
Al analizar la UCO desde fuera, resulta inevitable observar que su labor incomoda a prácticamente todos los partidos políticos cuando estos pasan a estar en el punto de mira. El PP se vio afectado por el caso Gürtel; el PSOE, por los casos Faffe y Koldo. Durante el mandato del gobierno regional del PP en Madrid, la dirección del Canal de Isabel II se vio implicada en la Operación Lezo. Irónicamente, esto podría ser la prueba más clara de que el organismo está funcionando como debe.
