Es difícil pasar por alto esta historia debido a algo que no acaba de cuadrar. Para pasar la tarde con unos amigos, una mujer entra en un restaurante de Las Rozas. Un hombre con una cámara se le acerca por detrás, la aborda y la graba. Ella se marcha. Él también. Cada uno describe lo que ocurrió entre medias de forma diferente. Y ahora, meses después, es ella quien tiene que comparecer ante el juez como sospechosa. Esta es la situación entre Begoña Gómez y Vito Quiles, con toda su ironía.
Los hechos tuvieron lugar el 29 de abril. Quiles, conocido en algunos círculos mediáticos por su actitud combativa y provocadora, entró en el local donde se encontraban Gómez y sus amigos. Fuentes de La Moncloa, la residencia oficial del presidente del Gobierno español, afirman que el periodista utilizó su móvil para grabarla mientras la retenía dentro del restaurante. Según las mismas fuentes, «hubo una parte que no se publicó» y las fotos que Quiles hizo públicas estaban retocadas. Quiles, por su parte, dio una versión diferente, alegando que los amigos de Gómez le habían agredido cuando él solo intentaba hacerle preguntas.
Ambas versiones pueden contener algo de verdad, pero también pueden estar sesgadas a favor de quien las cuenta. El juez Sergio Burguillo, de Majadahonda, dictaminó el 30 de mayo que se desestimaba la denuncia por agresión presentada por Gómez, ya que las grabaciones no respaldaban los hechos denunciados. Según él, la denunciante «abandonó el local de inmediato» y no hay pruebas de que Quiles la rodease con el brazo ni de que se produjera el supuesto empujón. Desde su punto de vista, Quiles presentó una demanda por denuncia falsa tras recibir dicha resolución.
Esta demanda ha sido admitida a trámite por otro juez, Gerardo Calvo, del Juzgado de Primera Instancia de Plaza Seis, en Majadahonda, quien ha citado a Begoña Gómez para que declare el 23 de octubre. Quiles será el primero en declarar ese mismo día a las 10:00 horas. Le tocará el turno a Gómez una hora más tarde, pero esta vez será el acusado en lugar de la denunciante. El cambio de circunstancias es digno de mención. Hay que reconocer que este es precisamente el tipo de giro que Quiles necesitaba para mantener el interés de los medios en su historia.
Una pregunta que resulta difícil de eludir es si los colaboradores de Gómez eran conscientes del riesgo que conllevaba denunciar a Quiles. La desestimación definitiva de la denuncia inicial es un requisito previo para que se configure el delito de denuncia falsa. Gómez y la Fiscalía recurrieron la desestimación ante la Audiencia Provincial, y su revisión estaba prevista para los próximos días. Dicho de otro modo, el proceso no ha concluido del todo. El recurso sigue en curso. Y al analizar esta cuestión, algunos comentaristas no han tenido en cuenta la complejidad jurídica adicional.
Los tribunales no son nada nuevo para Vito Quiles. La Fiscalía acordó procesarlo a principios de agosto por presuntamente cometer un fraude relacionado con supuestas donaciones benéficas. Además, Renfe lo acusó de comprar billetes para trayectos más cortos y de realizar al menos diecisiete viajes a destinos más lejanos. Rubén Sánchez, secretario de Facua, se enfrenta a una causa abierta por difamación y calumnia con la circunstancia agravante de odio ideológico. El caso conlleva una pena de nueve años de prisión. Por los mismos motivos, presentó una segunda demanda en julio. A principios de ese mismo mes, fue detenido por orden judicial por difundir una noticia falsa contra un funcionario público. En resumen, la relación de este hombre con la ley es compleja en varios niveles.
Sin embargo, la decisión judicial, al menos en este caso concreto, parece haberle dado la razón. Al Gobierno le resulta incómodo el caso precisamente por esto. No porque Quiles sea una gran persona o porque su comportamiento en el restaurante fuera intachable, sino porque Gómez quedó en una situación jurídica precaria cuando se desestimó la denuncia inicial. Existe una discrepancia entre lo que ocurrió en Las Rozas aquel día concreto y lo que el juez pudo demostrar a partir de las imágenes disponibles. Este proceso judicial depende de esa distinción.
El 23 de octubre sabremos más. Quizá no todo, pero al menos algo. Hasta entonces, el caso seguirá siendo lo que ha sido desde el principio: una disputa entre dos partes con versiones contradictorias; la grabación no ha resuelto nada y los tribunales aún no han tomado una decisión.
