Muchos inquilinos conocen bien este momento concreto. Un martes por la tarde, el propietario llama para informar de que no se renovará el contrato de alquiler porque tiene otros planes para la vivienda, o bien envía una carta o un mensaje de WhatsApp. En ese instante, la mayoría de las personas se sienten totalmente solas. Desconocen sus derechos y dudan de si podrán permanecer en la vivienda. Además, da la impresión de que nadie más en el edificio está pasando por lo mismo, aunque lo más probable es que sí lo estén haciendo.
El Sindicato de Inquilinas lleva años intentando erradicar esa soledad organizada: esa separación metódica entre el inquilino y el propietario. El Sindicat de Llogateres, fundado en Barcelona en mayo de 2017, se expandió rápidamente a Madrid y, posteriormente, a Asturias, Sevilla, Vigo, Málaga y otras ciudades. Fue una respuesta planificada ante un mercado que, para muchos, había perdido todo sentido; no fue algo casual.
La situación en Madrid sirve de ejemplo del funcionamiento de esta estructura. El Sindicato de Inquilinas de Madrid cuenta actualmente con unos 2.000 miembros, y las cuotas de afiliación representan el 85 % de su financiación. No es un detalle menor. En el ámbito del activismo por la vivienda, la independencia financiera es crucial, ya que permite operar al margen de intereses externos o subvenciones gubernamentales. Existen seis delegaciones locales repartidas por la zona de Madrid y cuentan con cuatro empleados a tiempo completo.
La postura abiertamente combativa de este sindicato lo distingue de otros grupos de defensa de los inquilinos. Organizan confrontaciones colectivas en lugar de optar por la mediación o intentar alcanzar acuerdos amistosos. Según ellos, el alquiler es un mecanismo legalmente sancionado mediante el cual se extrae mensualmente una parte del salario del inquilino. Aunque a muchas personas esta perspectiva les resulta inquietante, a miles de familias de ciudades donde los precios han subido un 40 % en una década les resulta difícil rebatirla.
Sus victorias frente a grandes fondos de inversión han sido especialmente destacables. En procesos de negociación colectiva organizados por el sindicato, Blackstone —uno de los mayores propietarios privados de vivienda en España— sufrió dos derrotas. Se firmaron más de 80 contratos nuevos —cada uno con una duración de siete años y la opción de prorrogarlo por otros tres— sin aumentos de alquiler desorbitados.
Este tipo de acuerdo habría sido imposible de conseguir para un inquilino a título individual. Tras una larga batalla legal contra otro “fondo buitre”, Nestar-Azora, lograron convencer a un tribunal de Madrid de que seis de las siete cláusulas de sus contratos eran abusivas. El sindicato sostiene que esta decisión abre la puerta a que los inquilinos afectados obtengan reembolsos.
El siguiente caso es el de Maricarmen. Tiene ochenta y siete años y lleva setenta viviendo en el mismo piso del barrio madrileño de Retiro. Su proceso de desahucio acaparó la atención nacional e incluso llegó a la ONU, donde el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales exigió que se paralizara o que se garantizara una vivienda adecuada. Existe la sensación de que el sistema de vivienda lleva mucho tiempo fallando cuando la ONU debe intervenir para proteger a una mujer de 87 años en una capital europea. Resulta difícil no ver este caso como algo más que un simple incidente aislado.
El boicot a los seguros de impago de alquiler y las campañas que vinculan la crisis de la vivienda con el racismo sistémico bajo el lema “El sistema de arrendadores es racismo” son solo dos de las iniciativas más polémicas del sindicato. Esta última ha generado controversia incluso entre sus propios partidarios, pero parece reflejar una realidad documentada: las personas racializadas se enfrentan a obstáculos adicionales en el mercado de alquiler español.
En última instancia, el sindicato de inquilinos está creando algo más que un sistema de defensa legal. En una ciudad que cambia a un ritmo que sus residentes difícilmente pueden asumir económicamente, ofrece una perspectiva alternativa sobre quién tiene derechos. No está claro si eso bastará finalmente para cambiar la política de vivienda en España. Sin embargo, nadie que haya visto a todo un bloque de viviendas unirse contra un fondo de inversión puede afirmar que no sea posible.
