Fidere, la filial española del gigante estadounidense Blackstone, adquirió 1.860 viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid en octubre de 2013. El coste ascendió a 127 millones de euros. La operación se llevó a cabo con rapidez, en secreto y con una cláusula de confidencialidad que decía mucho sobre cómo se estaban haciendo las cosas. Cinco años después, Ana Botella, seis de sus concejales y el director general de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo fueron declarados culpables por el Tribunal de Cuentas.
La multa, que ascendió a aproximadamente 22,7 millones de euros para Botella y su equipo, no es lo único que hace que este caso sea digno de mención. Son los detalles concretos de cómo se vendieron esas viviendas. La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo no tasó los inmuebles antes de venderlos, tal y como demostró la sentencia. No existían términos ni condiciones. No se realizó ningún estudio técnico. Tampoco se había llevado a cabo ningún análisis jurídico previo. Resulta inquietante imaginar una operación de tal envergadura —más de 1 800 familias, garajes y trasteros— que se cerró sin que nadie documentara el valor real de lo que se estaba transfiriendo.
PricewaterhouseCoopers, la misma consultora que asesoró a Fidere, el comprador, elaboró el informe que sí existía. Es difícil no levantar una ceja al saber esto, aunque quizá no haya tenido un impacto significativo en el resultado. Desde luego, el Tribunal de Cuentas no lo pasó por alto. Declaró en su resolución que el informe no permitía técnicamente realizar una tasación del valor de las propiedades. En pocas palabras, sin una tasación no había un precio real.
Ana Botella y su equipo fueron declarados culpables por no haber detectado ni impedido que la venta se llevara a cabo mediante un proceso ilegal y a un precio que habría perjudicado al patrimonio público. El Tribunal mencionó «negligencia grave», pero no descartó la intencionalidad. Aunque se trata de dos conceptos jurídicos distintos, ambos sugieren un grave incumplimiento en el ejercicio de un cargo público. Por su parte, los condenados insistieron constantemente en que el Consejo de Administración no tuvo participación directa ni indirecta en la operación. Desde el principio, esa fue su línea de defensa.
Es importante reconocer que el contexto es relevante. En aquel momento, la Empresa Municipal de Vivienda atravesaba dificultades financieras. El sector inmobiliario se vio gravemente afectado por la crisis financiera, y el argumento de la urgencia económica impregnaba todo el sector. Sin embargo, el Tribunal dejó claro que las graves circunstancias de la empresa no justificaban infringir la ley. Vender sin una tasación no es una solución de última hora. Es una anomalía.
La pérdida de utilidad social, que ninguna estadística expresa adecuadamente, puede haber sido la mayor carga para los ocupantes de esas viviendas. Esos pisos ya no estaban disponibles como vivienda pública. Las familias que residían en ellos pasaron a depender de un fondo de inversión con ánimo de lucro, en lugar de uno centrado en la prestación de servicios. A algunos les subieron el alquiler. La propia sentencia señalaba que la ciudad se quedó con un déficit de viviendas públicas. En comparación con los 25 millones de euros, este perjuicio es más difícil de cuantificar, pero probablemente sea el más duradero.
Pero la condena de diciembre de 2018 no fue el final de la historia. En julio de 2019, la Sala de lo Penal del Tribunal de Cuentas revocó la sentencia con el apoyo de dos consejeros nombrados a propuesta del Partido Popular, entre ellos el marido de Botella, Margarita Mariscal de Gante, exministra del Gobierno de Aznar. El tercer consejero votó en contra de la decisión. Y en junio de 2020, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de un consejero socialista, confirmando dicha absolución. Tras esa decisión, ya no quedó ninguna vía para exigir responsabilidades a la exalcaldesa.
Tras todo esto, es difícil saber exactamente qué quedó en pie. Ana Botella fue absuelta en los tribunales. Sin embargo, el caso planteó una pregunta inquietante: ¿cómo es posible que nadie haya rendido cuentas por una operación de tal envergadura con tantas irregularidades documentadas? Quizá Madrid no haya sido capaz de dar una respuesta completa a esa pregunta más que a cualquier otra resolución judicial.
